Haití

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas



La República de Haití destaca en sentidos contradictorios: fue el primer país de América Latina que inició una guerra de independencia que lo liberó de la colonización francesa en 1804 y es, por otro lado, en la actualidad, la nación más pobre de todo el continente, con problemas de naturaleza diversa acumulados.

En un proceso similar al de México, el artífice del movimiento independentista haitiano, François Dominique Toussaint-Louverture no fue testigo del final de la guerra que condujo de 1793 a 1802. El corolario de ese movimiento emancipador fue protagonizado por Jean Jacques Dessalines, antiguo esclavo quien después de vencer a las tropas francesas en 1803 se proclamó emperador al año siguiente y una vez en el poder intentó recomponer la economía en las plantaciones haciendo uso del trabajo forzoso. Dessalines fue asesinado por colaboradores que lo traicionaron. Uno de los asesinos y sucesor de Dessalines, Henri Christophe, otro ex esclavo, fue primero líder del estado de Haití de 1806 a 1811, fecha en la que también sucumbió a las ansías de poder real; se proclamó rey, ejerció una tiranía más virulenta que la de los franceses y creó una amplia realeza de príncipes, duques y barones que fue motivo de escarnio en Europa e inspiradora para Alejo Carpentier que recoge aspectos de esta época en la novela El reino de este mundo.

Al igual que otros países latinoamericanos, en Haití, la época posterior a la independencia estuvo caracterizada por una secuencia de gobiernos inestables. Durante el reinado de Henri Christophe en el norte del país, que duró de 1811 a 1820, Alexandre Petion encabezó en el sur un gobierno republicano, sistema que prevaleció para todo el país con los cinco presidentes que siguieron, hasta que Faustin Soulouque se nombró primero presidente vitalicio y después emperador en 1849, imperio que duró una década. Por razones desconocidas, históricamente hemos tratado de adoptar la tradición monárquica europea que nos es ajena en muchos sentidos y que en la adecuación tropical adquiere tintes de bufonería.

Un signo inequívoco de la inestabilidad que fue una constante en la vida política de Haití son los 23 gobiernos que hubo de 1859 a 1915 y que incluyó cuatro gobiernos provisionales y uno formado por un consejo de secretarios; entre los gobiernos constituidos hubo alguno que duró apenas poco más de tres meses. En ese ambiente se llevó a cabo la ocupación de Estados Unidos en 1915, la cual se extendió por 19 años y concluyó coincidentemente con la derogación del impedimento constitucional para vender plantaciones a los extranjeros.

En 1934 terminó la ocupación estadounidense más no la dependencia económica y con ello persistió la subordinación política. La inestabilidad, pretexto de la invasión, también prosiguió como lo muestran los 28 gobiernos que ha tenido la isla desde entonces. La historia moderna del país caribeño ha estado signada por la voracidad de sus elites, la miseria más cruel en la que se sume la mayoría de la población y el intervensionismo extranjero que se ha constituido repetidas veces en respaldo de esos grupos de poder.

Los casi treinta años que gobernó la dinastía Duvalier han sido sin duda la etapa más oscura para el pueblo haitiano. La represión más brutal sustituyó a toda noción de política y gobierno. Sólo en el gobierno de François Duvalier se calcula que fueron asesinadas treinta mil personas. Su hijo, Jean Claude Duvalier, no sólo heredó el gobierno vitalicio que instauró Papa Doc sino también los métodos represivos, la ausencia de los derechos humanos como premisa de gobierno y la corrupción como valor esencial e inocultable de las familias más prominentes. Un golpe militar de Henry Namphy, respaldado por Estados Unidos, terminó con el gobierno de Baby Doc en febrero de 1986, quien se vio precisado a huir de su país y encontró fácilmente refugio en Francia.

Los problemas de Haití, sin embargo, no terminaron con la eliminación de los gobiernos duvalieristas. La presidencia de Haití, desde 1986 fue una cadena de gobiernos golpistas, provisionales y algunos elegidos constitucionalmente que no han logrado la fuerza para restablecer el orden político y económico que tiene la historia como gran deuda centenaria con el pueblo haitiano. Jean Bertrand Aristide, fue el primer presidente elegido democráticamente. Sin embargo, los vaivenes de su presidencia –que sufrió dos golpes militares y fue repuesta en otras tantas ocasiones- estuvieron dictados por los cambiantes intereses estadounidenses en la región, para finalizar con una salida forzada 2004 y su traslado a Sudáfrica, viaje interpretado por muchos como un secuestro.

La crisis política de 2004, que dejó como secuela una situación aún más desastrosa en los planos económico y social, parecía iniciar el camino a la recuperación con la llegada de René Préval, en su segunda presidencia. Fue el primero en concluir un periodo presidencial completo, después del cual entregó voluntariamente el poder y prometió al pueblo haitiano unas elecciones limpias y democráticas para el proceso previsto en el mes de febrero próximo, cuando este país que no ha conocido verdaderamente la paz, sumó a sus desgracias los efectos del devastador terremoto con epicentro en la capital Puerto Príncipe de principios de enero de 2010.

Las consecuencias del desastre natural están todavía a la vista y resultan tan apremiantes que quizá por ello Jean Claude Duvalier, Baby Doc, consideró que era el momento oportuno para regresar a su país después de 25 años de exilio con la pretensión de volver a gobernarlo, confiando en que la población de Haití haya olvidado las desventuras que sufrió durante su presidencia. La sola intención parece monstruosa. En Haití, a pesar de los múltiples problemas que se viven a resultas de la situación que dejó el terremoto, grupos defensores de los derechos humanos señalan con insistencia que Duvalier debe ser juzgado por los crímenes que cometió en el pasado, en tanto su abogado argumenta que ya prescribieron.

Resulta un pésimo presagio que Baby Doc se haya entrevistado con antiguos miembros de los Tonton Macoute, la siniestra milicia creada por su padre y la afirmación de su portavoz en el sentido de que no tiene intención alguna de dejar la isla. Estados Unidos ha manifestado su incomodidad con el retorno de Duvalier, pero también se pronuncia en contra del regreso de Aristide; sólo recomienda un proceso electoral limpio y creíble para garantizar la reconstrucción, al tiempo que asevera que Haití “debe ver hacia el futuro, no hacia el pasado”. Parece que lo único admisible del pasado es la opinión de calidad estadounidense.

El adagio que reza “los pueblos tienen el gobierno que se merecen” es injusto con los ciudadanos, quienes participan poco en la selección de los candidatos cuando se trata de sistemas partidistas y nada en los casos de gobiernos totalitarios. Sólo habrá que desear buena memoria del pueblo haitiano en el momento de elegir gobernante.




Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias
Sociales de la UPAEP Puebla.

1/12/10


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Violencia

Por Miguel Ángel Sánchez de Armas




Las notas sobre ejecutados, decapitados y cadáveres disueltos en ácido que un día tras otro leemos en la prensa nacional polarizan nuestra atención en un tipo específico de violencia desatada por las actividades delictivas del narcotráfico, pero en realidad tiene muchas caras. Una de ellas, peligrosa y absurda, es el uso legalizado de armas de fuego que periódicamente produce hechos estremecedores en Estados Unidos debido a la facilidad con que los ciudadanos estadounidenses pueden adquirir desde una chinampina hasta un pavoroso fusil ametralladora de esos que hacen las delicias de los J.I. Joes.

El crimen múltiple más reciente puso entre la vida y la muerte a la legisladora demócrata Gabrielle Giffords y ultimó al juez federal McCarthy Roll durante un mítin político en Tucson, Arizona. Seis personas en total perdieron la vida y varias más resultaron heridas. Mucho episodios sangrientos han puesto a debate la venta de armas entre particulares en Estados Unidos. Por ejemplo, el de 1966 en la Universidad de Texas, el de la secundaria Columbine en 1999 y la masacre del Tecnológico de Virginia en 2007, que dejaron 16, 15 y 33 muertos respectivamente, además de un número considerable de heridos y otros con secuelas incapacitantes.

A pesar de estos y muchos episodios como sacados del far west que han cobrado la vida de jóvenes y viejos, hay en el país del norte un conjunto ciudadano que defiende a sangre y fuego la adquisición de armas y la equipara a una de sus libertades más importantes. De hecho, después del triunfo de Barack Obama la venta de armas se disparó espectacularmente debido al rumor de que su administración intentaría modificar la ley para hacerla más restrictiva y que impondría límites a la adquisición de pistolas y rifles de asalto semiautomáticos, vía el incremento agresivo de impuestos. Ante esta posibilidad, los ciudadanos que perciben la medida como un atentado a sus libertades se dieron a la tarea de pertrecharse. De acuerdo con reportes del Departamento de Estado, la recaudación de impuestos de 2008 a 2009 en la industria de armas y municiones creció 43% y ascendió a 109.8 millones de dólares.

Este sector goza de cabal salud pese al entorno económico poco propicio. La Segunda Enmienda constitucional, que salvaguarda el derecho a poseer armas, le ha dado a Estados Unidos el primer sitio entre los principales países desarrollados en la tasa de violencia por arma de fuego, con 13.70 muertes por cada cien mil habitantes; eso sólo en el año 2000, cifra que incluye homicidios, suicidios y accidentes fatales.

Por una parte, la defensa del marco legal que permite poseer armas mantiene próspero al sector industrial que produce armas y municiones, y por la otra sangra al erario público que debe hacer uso de grandes recursos para encarar los efectos de la violencia. Sólo en la década anterior el costo de la atención médica para atender las lesiones y la discapacidad producida por la violencia causada por armas de fuego se mantuvo en alrededor de cien millones de dólares anuales según datos recabados por Alejandro Moreno del Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados.

Si el costo económico es grave, el social se vuelve altísimo según lo muestra la reciente matanza de Tucson. No se trata ya del individuo extraviado y solitario que arremetió contra sus compañeros y profesores en el Tecnológico de Virginia. Ahora los asesinatos masivos se vuelven una forma de dirimir disputas políticas, pues la legisladora Giffords había recibido amenazas de muerte, producto de la intolerancia y el clima de crispación que han desatado políticos conservadores como una manera de enfrentar el triunfo demócrata, entre ellos la ex candidata republicana a la vicepresidencia Sarah Palin y la gobernadora de Arizona Jan Brewer, quien promulgó la ley que autoriza a los ciudadanos a portar armas sin permiso.

A Palin se le considera impulsora del movimiento ultraconservador del Tea Party, emblema de la lucha de Independencia de los Estados Unidos y hoy escudo de quienes dicen defender los valores originales americanos, cuando en realidad se trata de la defensa de la supremacía blanca. A Jared Lee Loughner, responsable de la matanza, se le asocia con ese movimiento y se dice que la legisladora Giffords sufrió el atentado por su postura a favor de la reforma migratoria.

Sarah Palin, miembro destacado de la Asociación Nacional del Rifle y quien proveyó a la prensa de polémico material por su afición a cazar lobos desde una avioneta, es responsabilizada indirectamente de la matanza en Tucson. Su página web, titulada “Dónde ha estado Sarah Palin cazando demócratas” fue cerrada inmediatamente después del atentado. El columnismo político opina que se volvió literal.




Profesor – investigador en el Departamento de Ciencias
Sociales de la UPAEP Puebla.

19/01/11


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